«Cada vez que la protesta crece, reaparecen los intentos de militarizar la seguridad interior»
por Federico Poore
Los tiempos de la política argentina son tan veloces que a veces resulta difícil zambullirse en el zeitgeist de hace 14 años, cuando la teoría de los dos demonios hacía escuela, aún estaban vigentes las llamadas Leyes del Perdón y el ministro de Defensa era Ricardo López Murphy.
Los sociólogos Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani recogen el guante en Los años de la Alianza, libro que analiza los vertiginosos acontecimientos de la etapa 1999-2001. Uno de sus principales capítulos, escrito por la investigadora Paula Canelo, estudia los vaivenes de las Fuerzas Armadas en el marco del gobierno de Fernando De la Rúa.
Pucciarelli y Canelo reciben a Viernes en un bar de Caballito y reconstruyen el rol indefinido de las fuerzas armadas y las tensiones con el área seguridad, un dilema que tiene puntos de contacto con el presente.
¿Cómo definirían la situación en las fuerzas armadas en aquel entonces?
Paula Canelo: La cuestión militar era una herencia pesada para el gobierno de la Alianza por tres motivos. Primero, por la reapertura en el frente de derechos humanos (que se había mantenido en estado de hibernación durante los primeros noventa), incluyendo la aparición de una organización como H.I.J.O.S. y la apertura de causas que pedían la extradición de militares argentinos en Italia y España. Luego está la reconfiguración internacional de las Fuerzas Armadas con la aparición de las llamadas nuevas amenazas, riesgos vinculados a fenómenos muy difusos como el narcotráfico, las guerrillas o los movimientos indigenistas. A pesar de que por ley tenían prohibida la intervención en seguridad interior, comienzan a ver en estas amenazas la posibilidad de darse un nuevo rol. En tercer lugar, la cuestión presupuestaria, con Menem profundizando la línea de reformas iniciada por Alfonsín ya que consideraba a las Fuerzas Armadas como parte del aparato estatal que había que achicar. Pero detrás de todos estos problemas hay un gran tema.
¿Cuál?
P.C.: La incapacidad de los gobiernos civiles post-dictadura para otorgarle a las fuerzas armadas un rol consistente en democracia, más allá de tenerlas apartadas de la seguridad interior. Y el gobierno de la Alianza no tiene políticas que puedan revertir esta situación porque el problema militar era un problema secundario frente a otros, como el problema económico o la pérdida del poder político.
¿Cuál era el perfil de Ricardo Brinzoni, a quien De la Rúa nombró jefe del Estado Mayor del Ejército?
P.C.: Tanto su nombramiento como el de Ricardo López Murphy en Defensa son señales claras. Se buscaba llevar tranquilidad.
Alfredo Pucciarelli: Parte de un pacto de no agresión.
P.C.: Recordemos que las fuerzas armadas venían de las autocríticas de (Martín) Balza y otros pronunciamientos sobre la necesidad de abrir una nueva etapa en la historia de las fuerzas. La designación de Brinzoni busca clausurar estos episodios de autocrítica. En cuanto a López Murphy, es un radical de larga data, con perfil técnico, tenía posgrados en el exterior… era lo que podríamos decir un ministro técnico.
Hay una paradoja con López Murphy. Estaba muy alineado con el discurso político de la “reconciliación”, pero económicamente era uno más de los ministros ajustadores. De hecho, es quien termina llevando el presupuesto de Defensa a mínimos históricos.
P.C.: En ese momento todos los militares estaban recluidos en su resistencia frente a nuevos achiques, salvo Brinzoni, que se dedicó a reunificar a la gran familia militar. Pero Brinzoni y López Murphy forman una dupla sólida al frente del binomio Defensa/Fuerzas Armadas. El ajuste se compensa con la promesa de no profundizar cuestiones vinculadas a los derechos humanos.
¿Qué sucede en marzo de 2001 cuando se declara la inconstitucionalidad de las leyes del perdón?
P.C.: Mirando las declaraciones de militares del período, la sensación es que están al borde del abismo, que la desintegración está a un paso. Aunque lo más interesante es ver no lo que hacen los militares en actividad (que tienen ciertas responsabilidades) sino los retirados, que en ese momento se agrupan en distintas asociaciones cívico-militares y que tienen más posibilidad de hablar. Además tienen sus propios medios de comunicación, como el diario La Nación, que les dio mucho espacio para hablar sobre cuestiones como las hipótesis de conflicto, la pérdida de autoridad del gobierno y el avance de la protesta social. Son los mismos militares que en los noventa habían sido opositores acérrimos de Balza. Y muchos de ellos, como (Reynaldo) Bignone, eran procesistas.
¿De dónde vienen los intentos de aquellos años por llevar las fuerzas armadas a nuevos roles en seguridad interior?
P.C.: Los límites entre estos bandos son muy difíciles de establecer. Por un lado están los partidarios de la militarización, que apoyan la intervención en la lucha contra el narcotráfico y el control de la protesta social, por el otro aquellos que (Marcelo) Saín llamó defensores del consenso básico en materia de seguridad. Pero los bandos se entrecruzan: en el primer grupo hay jefes de Estado Mayor, senadores, diputados, altos funcionarios… pero en el otro grupo también. El bando de los opositores a la militarización se activa sobre todo a nivel parlamentario (piden informes al Ministerio de Defensa sobre planes que especulan en torno a estas «nuevas amenazas»). Resulta interesante cruzar esta agenda con la de la protesta social, porque cada vez que la protesta crece, aparecen intentos institucionales de avanzar en la militarización de la seguridad interior. Es decir que avanzan juntos.
A.P.: Esta búsqueda de volcar hacia la derecha la agenda de seguridad termina neutralizada porque hay una situación de empate. Cada una de estas fuerzas tiene la capacidad de bloquear el desarrollo de los proyectos del oponente pero no la capacidad de imponer el suyo propio.
Después de López Murphy viene Horacio Jaunarena. ¿Qué cambia con él?
P.C.: Jaunarena es un ejemplo muy particular dentro de la historia de la defensa de los últimos cincuenta años. Nombrado por Alfonsín luego de la muerte de dos de sus ministros de defensa, por entonces era prácticamente desconocido, de hecho había ocupado una concejalía en Pergamino y nada más. Pero llega y se queda en un contexto que habría justificado la salida de 14 ministros. Toda la era carapintada Jaunarena la sobrevive y se transforma en uno de los funcionarios más importantes de Alfonsín. En la época delarruísta, es convocado por su pertenencia política a la parte más conservadora de la Unión Cívica Radical y por su experiencia en el área de defensa, una de las cualidades menos habituales en todos los ministros de defensa argentinos.
Con el recrudecimiento de las protestas a mediados de 2001 reaparecen dos áreas, una que habla de infiltrados y pide la presencia del Ejército y otra más dialoguista entre las que se destaca Juan Pablo Cafiero. ¿Cómo se dan estos cruces al interior del gobierno?
P.C.: Todas las agendas se vieron bloqueadas por este enfrentamiento permanente entre las dos almas del gobierno de De la Rúa: una muy vinculada a la represión de las protestas sociales, con (Juan Pablo) Baylac, Patricia Bullrich, y un ala más moderada que se va a ir retirando progresivamente. Pero me parece que la imagen de Juampi Cafiero yendo a dialogar a Salta (N.d.R.: en medio de los cortes de ruta en Mosconi) es más bien un manotazo de ahogado del gobierno de la Alianza. Pero también hay algo para aprovechar: la protesta se va institucionalizando, con lo cual aparecen interlocutores, actores con los que hablar. El problema en diciembre de 2001 es que desaparecen los interlocutores.
A.P.: Para entender este conflicto hay que analizar también el rol ambiguo del alfonsinismo. Alfonsín apoya la línea de oposición, pero cuando el conflicto crece reaparece el síndrome Illia, el fantasma de lo que (Ricardo) Balbín le hizo a (Arturo) Illia, y entonces retrocede. Los conflictos aparecen, crecen, y se congelan dentro de la Alianza pero se aíslan para mantener una mítica unidad alrededor de una coalición que ya no sirve más.
Para sorpresa de muchos, una vez que el gobierno colapsa los militares no actúan como partido militar ni produce un golpe. ¿Esto tiene que ver con la disgregación de las fuerzas?
P.C.: Recordemos que los militares ya habían pasado por un momento de crisis fundamental en el cual no intervinieron, que es 1989. Hay una postura muy decidida en los estados mayores de no intervención, dado que posibilidad de proyectar el futuro de las fuerzas implica la no intervención en conflictos políticos. Muchos podrán argumentar que las fuerzas armadas temían sanciones. De hecho, mucha de la literatura que ha intentado explicar el posicionamiento militar después del Juicio a las Juntas lo explica en ese sentido. Pero para mí no es solamente el miedo a la sanción sino también una política institucional muy clara: la de reconciliarse con la sociedad.
A.P.: Visto desde los años posteriores, está claro que en la región habían cambiado los modos de resolver los conflictos entre los distintos sectores sociales. Esto se instaló, más que por virtudes propias de las clases gobernantes, por el defecto de haber manejado indiscriminadamente la presión militar para resolver problemas sociales. Las clases altas o los sectores empresarios, que siempre habían apelado a este recurso, empezaron a diseñar un cambio de estrategia, lo que también terminó influyendo en el cambio de perspectiva de los propios militares.
LAS FUERZAS DESPUÉS DE GARRÉ
Es brutalmente honesta la frase de Eduardo Duhalde que abre el capítulo: «Nuestras Fuerzas Armadas existen, pero no sabemos para qué». ¿Se revierte esto a partir del nombramiento de Nilda Garré?
P.C.: Garré es la primera mujer que llega al cargo de ministro de Defensa en toda la historia argentina. Es a partir de su gestión donde se sientan las bases de aquello que los especialistas llaman una agenda de la defensa. Los gobiernos anteriores habían hecho reformas –muchas muy profundas, como cuando Alfonsín modificó su diseño orgánico– pero no había una mirada integral sobre las fuerzas. Y en este sentido, los intentos de «privación» sin el otorgamiento de un rol consistente no hizo más que agravar la situación. Hay que recordar que el gobierno de (Néstor) Kirchner comenzó con la gestión de (José) Pampuro, una persona de confianza de Duhalde, cuyo objetivo fue pilotear los malestares. Durante los primeros años se produjo un descabezamiento de las cúpulas, pero esta política inédita no fue acompañada por una política de defensa. Cuando llega Garré comienza una un proceso de autonomización de la agenda militar como problema de la agenda pública. (Arturo) Puricelli y (Agustín) Rossi han continuado esa línea.
¿Existe en la actualidad un intento de colocar a las Fuerzas Armadas más allá de lo que indica la Ley de Seguridad Interior? Sobre todo con el operativo Escudo Norte o el nuevo rol de Gendarmería.
P.C.: No. Rossi tiene una visión muy consistente acerca de que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con lo que sucede en el ámbito de la seguridad interior. Hay, sí, una nueva mirada sobre la cuestión de la seguridad a partir de la creación del ministerio, que cristaliza una agenda con problemas. Lo que sí me parece ambiguo es el pase de Garré y Puricelli, que han salido de Defensa y pasado a Seguridad. Eso admite dos lecturas. Una es más promisoria, y es que en el país existen cuadros con capacidad técnica y política para manejar a las fuerzas del orden. Pero la otra sostiene que esta migración de funcionarios marca ciertas continuidades entre las dos áreas. Es precisamente esto lo que estamos viendo en estas semanas. En el futuro se verá si se ha superado esta unión o si todavía encontramos problemas para separar los actores y agendas de ambas áreas.
A.P..: Todavía existe una zona gris de intercambios e influencias, y el mejor ejemplo es el rol ambiguo de Gendarmería y de (Sergio) Berni.
Si uno mira a los ministros de Seguridad federales, de Garré a María Cecilia Rodríguez, da la impresión de que el gobierno tiene una política clara de seguridad. Pero en la práctica la figura de Berni termina siendo más fuerte. No sólo ha sobrevivido el último recambio ministerial sino que a los ojos de muchos es quien dirige el ministerio…
A.P..: Para mí el gobierno produce la salida de Garré para no avanzar demasiado en esa línea. Instalar un mojón pero no profundizar, una característica del kirchnerismo que le puede terminar costando muy caro porque abre un espacio de confrontación y después no construye una plataforma sólida para sostener el conflicto. Berni atenúa el modo en que Garré consideraba la relación entre estas dos fuerzas y la Policía Federal.
P.C.: La figura de Berni es un liderazgo político que se construye sobre su carisma y sus apariciones en los medios. Tiene llaves que abre muchas puertas. El tema es que él habla como lo haría el comandante de una fuerza: «vengo a conducir a mis hombres».
A.P.: Berni es una concepción pre-Garré.
Lo que uno se pregunta es por qué un gobierno que está a quince meses de irse no va más a fondo en determinadas reformas. Al menos para que a su sucesor le cueste más marcha atrás con estos cambios.
A.P.: La respuesta, creo yo, es que el gobierno tiene abierto demasiados frentes. La aparición de los fondos buitre le abre una batalla enorme, que desborda su capacidad política de enfrentar otras cuestiones. De hecho el gobierno presentó la Ley de Abastecimiento al mismo tiempo que la Ley de Pago Soberano. Al gobierno le han robado la capacidad de manejar los tiempos.
Una versión editada de esta entrevista se publicó en la edición impresa de Ámbito Financiero del 19 de septiembre de 2014.
