Del otro lado de la Cordillera, al lado de una cancha de Huracán que no es la de Parque Patricios, un grupo de vecinos rechaza la presión inmobiliaria por barrer con sus hogares en la ciudad de Concepción.
por Federico Poore
Cenital, 02-02-2024
La historia de esta semana incluye terremotos, intereses inmobiliarios y una estoica resistencia por parte de los pobladores locales. Tiene lugar a metros de una cancha de Huracán que no es el Palacio Ducó y a orillas del Biobío, el segundo río más largo de Chile.
La ciudad es Concepción, el centro de un importante área industrial y logística a 500 kilómetros al suroeste de Santiago. El barrio se conoce como Aurora y sus pobladores llevan años resistiendo los intentos de las autoridades por desalojarlos y, más recientemente, reclamando que el gobierno chileno cumpla sus promesas de mejorar el lugar.
Autogestión y aguante
La historia de Aurora de Chile se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando comenzó a funcionar la Fábrica de Paños Bío Bío y llegaron las primeras familias colonas, campesinos migrantes atraídos por las oportunidades laborales que ofrecían tanto esa planta como la Empresa de Ferrocarriles. Muchos de estos nuevos habitantes se instalaron en casas-palafito, otros juntaron piedras y escombros para ganarle terrenos al río. Con el tiempo, la costanera del Biobío se fue convirtiendo en tierra sólida y sus pobladores se instalaron por generaciones.
Como en otras áreas de la periferia de Concepción, Aurora se consolidó como asentamiento tras los terremotos de 1939 y 1960 y la llegada de población afectada. La urbanización del área se dio de manera completamente autogestionada, con los propios vecinos encargándose de instalar la red eléctrica y un sistema de alcantarillado en 12 manzanas en las que ahora viven 650 familias, separadas del centro de la ciudad por un ramal ferroviario. Uno de los orgullos del barrio es el Club Deportivo Huracán de Concepción -conocido como “El Globito” e inspirado en su par de Buenos Aires-, que hace veinte años vivió uno de sus momentos de gloria al coronarse campeón nacional de fútbol amateur.
A fines de la década del ochenta, Concepción se jerarquizó como el eje de una gran área metropolitana, lo que hizo de su Costanera una región muy demandada para proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Y allí comenzó la batalla de sus habitantes -que para entonces pagaban contribuciones municipales y nunca se consideraron okupas– por no ser desalojados.
En 1995, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (el segundo de la Concertación) presentó el Plan Ribera Norte, un proyecto de renovación urbana para el área que debía financiarse con la venta de terrenos y otros negocios inmobiliarios asociados.
Este plan público-privado proponía radicaciones y erradicaciones, y tenía sus virtudes, pero algo falló en su ejecución: tras las reuniones con vecinos, estos consideraron que el plan veía a la población de Aurora “como un obstáculo a superar” y muchos se negaron a participar del proyecto. Mientras tanto, algunos jóvenes recibieron “soluciones habitaciones” de superficies tan pequeñas que al poco tiempo ya estaban viviendo de nuevo en las casas de sus padres y abuelos (que eran más amplias y contaban con patio).
Quince años más tarde, en 2010, Concepción fue sacudida por un gran terremoto que solo en la región del Biobío dejó un saldo de más de 140 muertos. El sismo ocurrió en los últimos días del primer mandato de Michelle Bachelet, que declaró el estado de “excepción constitucional de catástrofe” en la región días antes de entregar el mando al conservador Sebastián Piñera.
Según este artículo, la tragedia fue vista por las autoridades, los empresarios y un sector de la prensa como una oportunidad para terminar de desplazar a la población originaria.
Primero, la alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe declaró falsamente la inhabitabilidad de las viviendas de Aurora con el objetivo de que la población abandonara el terreno (un escándalo que forzó su renuncia un año más tarde). En paralelo se reactivó un proyecto privado para darle una nueva “cara” al sector costero, con un spa y un centro de eventos sobre terrenos concesionados. Finalmente se desempolvó un plan para construir el Puente Chacabuco, que pretendía unir el centro de la ciudad con la comuna de San Pedro de la Paz, donde se ubican algunos de los barrios residenciales más ricos de Concepción.
Las obras del puente comenzaron sin consulta previa ni estudios de impacto ambiental, siguiendo una lógica bien descrita por Naomi Klein en La doctrina del shock: aprovechar la tragedia y el trauma colectivo para avanzar con reformas impopulares. Pero el avance de los trabajos se encontró con la oposición de los pobladores locales, ya organizados, y las autoridades se vieron obligadas a cambiar la estrategia.
Oportucrisis
Me quiero detener un momento en lo que pasó después del terremoto de 2010 porque es ilustrativo de una forma en la que gobiernos y desarrolladores de la región han operado en los últimos años.
Según este paper del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) de Chile, “la experiencia latinoamericana muestra una tendencia a utilizar el desastre resultante de un fenómeno natural como un terremoto o una inundación como una oportunidad para ‘liberar’ territorios deseables, ‘resolviendo’ el problema de los pobres en las periferias urbanas por medio de subsidios” a personas y familias seleccionadas para su reubicación.
Estos desalojos se presentan como el requisito para el despliegue de proyectos público-privados de renovación urbana, “recuperación” de centros históricos y creación de parques urbanos.
“Los mecanismos de violencia directa como el desalojo funcionan en sinergia con otros de violencia indirecta, tales como la criminalización, la estigmatización, el acoso y la imposición del lenguaje de los ‘expertos’ y los ‘técnicos’ por encima de los saberes populares”, sostienen los investigadores del CEDEUS.
En el caso de Aurora, a la campaña encabezada por empresas de real estate y gobiernos de diferente signo político se le sumaron los principales medios de comunicación. En un editorial de la época, el principal diario local invitaba a “empresarios, inmobiliarias e inversionistas” a “crear una nueva postal para Concepción”. En 2012 se inauguró en la zona un mall gigante construido sobre terrenos públicos y seis años más tarde abrió sus puertas el Teatro Biobío. Ahí nomás, hace unos meses, el Parque Bicentenario fue sede de un festival en el que tocaron Juanes y Café Tacuba.
Mientras tanto, varios artículos periodísticos caracterizaron a quienes se oponían al desplazamiento de los habitantes de Aurora como personas egoístas que defendían sus intereses particulares en oposición al supuesto bien común simbolizado por la construcción del Puente Chacabuco. Para ellos, los habitantes históricos del barrio representaban un obstáculo al “progreso” y a las nuevas oportunidades de reconstrucción.
Sin embargo, fue justamente este movimiento de oposición el que logró sentar a las autoridades a la mesa de negociación.
Promesas incumplidas
“En 2015, el gobierno de Bachelet nos reconoce haber vivido aquí todos estos años y llama a un acuerdo para un proyecto de vivienda”. La voz al otro lado de la línea es la de Priscilla Hernández Cossio, presidenta de la Junta de Vecinos de Aurora de Chile.
En diálogo con Cenital, Priscilla explica que el nuevo enfoque buscaba darle soluciones dentro del barrio a 206 familias de la Aurora y viviendas a aquellos que aceptaran irse a vivir a otro lugar. Pero el plan contaba con una segunda fase que se estancó durante el segundo período de Piñera (2018–2022).
“Ese gobierno no hace nada con las familias de la segunda etapa. Nos enfrascamos en conversaciones, ‘diálogos’ y en ir a ver a los ministros. Pero los encargados de darnos una solución no hicieron nada en cuatro años”, se lamenta.
La llegada al poder de Gabriel Boric les dio una nueva oportunidad para reclamar por sus derechos, pero también tuvieron que remarla. “Con el nuevo gobierno pasó más de un año sin que hicieran nada. Tuvimos que ir a Santiago con una delegación de 18 vecinos para hablar con el ministro (de Vivienda y Urbanismo, Carlos) Montes. Le pedimos que abriera una mesa de trabajo intersectorial”, relata Priscilla.
¿Qué reclaman? Que finalicen los programas de infraestructura -incluyendo el pavimentado de calles- y que completen los planes de vivienda. En estos años, el Estado decidió destinar dos terrenos importantes dentro del barrio Aurora para un programa conocido como DS19 que involucra a constructoras privadas y que está dirigido -entre otros- a familias de clase media. Lo que plantea la junta vecinal es que el otro terreno del DS19, unos 10.000 metros cuadrados, se destine a la construcción de casas para vecinos de la Aurora.
Acostumbrada a ninguneos y demoras, y solo a un año de que termine el mandato de Boric, la titular de la junta vecinal sabe que lo suyo es una carrera contrarreloj. Por eso, ideó una estrategia. “Estamos trabajando a full con lo que ya tenemos, incluyendo un año de trabajo que autogestionamos nosotros. No queremos que vengan a hacer otro estudio porque eso ya lo tenemos hecho, lo hicimos con un equipo técnico”.
El estudio, conocido como Bases para el Plan Urbano Integral de la Población Aurora de Chile, también resume otras demandas de la población del lugar, incluyendo la construcción de un centro comunitario, la consolidación de la zona deportiva y un marco legal que le permita dar continuidad a la planificación más allá del gobierno de turno.
“Nos han puesto plazos y fechas que pueden exceder las potestades del gobierno de Boric”, resumió otro de los participantes de las reuniones en la capital. “Y sabemos qué pasa si este gobierno termina sin antes resolver esto: vamos a tener que pelearlo desde cero”.
A Priscilla y a los aurorinos no les queda otra que seguir empujando: “Durante más de 100 años el Estado nunca se hizo cargo de la situación de la Aurora. Lo que se ha logrado fue solo por presión de los vecinos”.
