El ex presidente del INTI Enrique Martínez hace un balance de sus años al frente del organismo y plantea un modelo de desarrollo industrial que incluya nuevos actores.
por Federico Poore
Enrique Martínez conoce como nadie el tejido industrial del país. A lo largo de su extensa carrera fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, secretario del área nacional de política pyme y presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desde 2002 hasta 2011.
En esta entrevista, Martínez reflexiona sobre el futuro del organismo y pide repensar el rol del Estado en esta nueva etapa. “Hay que bajar los decibeles con el reclamo de competitividad y hacer hincapié en la asociatividad”, asegura.
¿Qué balance hace de sus años al frente del INTI?
Cuando arrancamos, el Instituto se dedicaba básicamente a control de calidad y a tareas de meteorología por demanda. Hoy mantiene una estrecha relación con organismos públicos, desarrolla la promoción del empleo y trabaja los dos extremos de la cadena del agregado de valor: tecnología de punta y aquella vinculada a la base social. Hace nueve años el INTI no se vinculaba con la economía social y hoy lo hace en casi cualquier provincia. El organismo cuenta con varios subsidios otorgados en industria alimentaria, nanotecnología y biotecnología.
Este crecimiento, ¿tuvo su correlato en incremento presupuestario?
El INTI tiene más del doble de gente trabajando que cuando comenzó mi gestión pero sigue recibiendo una partida que no llega al 20 por ciento del presupuesto del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), lo que indica una asignatura pendiente.
¿Qué desafíos tiene por delante el organismo?
El camino en biotecnología apenas se inició. Hay un grupo de síntesis orgánica de reciente formación que a mi juicio va a ser líder en la Argentina. Otro desafío es la percepción del industrial sobre la chance de que un organismo público pueda mejorar su producción y generar nuevas líneas de trabajo.
¿Cuál es esa mentalidad?
En general, el industrial pyme argentino ha recurrido al INTI forzado por regulaciones que exigían que controlara su calidad o demostrara que cumplía con ciertos requisitos. En muy pocas ocasiones el industrial va al INTI a desarrollar un producto, porque teme que el organismo se quede con el conocimiento y se lo venda a otro… Arrastra hasta la fecha la cultura del secreto industrial, que a esta altura del siglo es un mito a derrumbar.
¿En qué medida cambió esta percepción en los últimos años?
Los concursos que convoca el Ministerio de Ciencia y Tecnología ayudan, pero acaban de comenzar. Hace falta incorporar al discurso político la convocatoria a trabajar en conjunto. Bajar los decibeles con el reclamo de competitividad y hacer hincapié en la asociatividad.
A menudo se insiste sobre el escaso valor agregado de los productos locales.
En efecto, la Argentina tiene una tradición de poco valor agregado en sus exportaciones y eso no ha cambiado sustancialmente. No podemos decir que exportar biodiesel tiene más valor agregado que exportar aceite, es casi la misma cosa. La tecnología tiene que tomar el liderazgo.
¿Podría dar un ejemplo?
Las pymes dueñas de mataderos podrían tener tecnología propia para procesar los huesos, la sangre, la grasa, productos que hoy se desechan. Pero eso no lo puede desarrollar el dueño del matadero sino que lo debe impulsar en sociedad con algún organismo público. Si alguien conoce esto son las grandes corporaciones, no las decenas de mataderos repartidos por el país. Eso se repite a lo largo de la agroindustria: falta conocimiento y, cuando se hace, falta mercado. Hay gente que se ha animado a hacer snacks de cereales y después les cuesta exportar porque se encuentran con todas las barreras arancelarias europeas.
¿Cuál sería la solución?
Una combinación entre lo comercial, lo tecnológico y lo organizativo. Hay que tutelar a las empresas. En el INTI lo hemos intentado durante toda mi gestión y hemos tenido muchos éxitos, pero menos de los que el país necesita.
¿Cuál es el desafío para las pymes argentinas? Da la impresión de que varias se conforman con sobrevivir.
Muchas se conforman con ser proveedoras estables de una multinacional, mientras que otras, productoras de bienes de consumo, se resignan a tener un público cautivo en el mercado interno. Son correctas las medidas de protección referidas a calzado e indumentaria, pero lo que han conseguido –además de la supervivencia de las empresas– es que aumenten los precios más que la inflación y que la calidad no acompañe, porque las exportaciones prácticamente no han aumentado.
¿A qué lo atribuye?
Es una historia tradicional de los empresarios. Cuando están protegidos, ganan plata, crece su producción, pero en todo caso irán con una valija a Bolivia para vender algo, nunca a buscar un mercado desarrollado en serio.
¿Cómo se rompe ese ciclo?
Con palo y zanahoria. Dando beneficios, pero forzando al empresario a capacitarse y equiparse para vender… no digo en Alemania, pero sí en Sudáfrica, Canadá o Noruega. Son productos que esos países importan del mundo desarrollado o de China, y si queremos podemos entrar a competir.
De acuerdo con el Banco Mundial, el país debe concentrarse en sus “ventajas comparativas”. Asumo que no comparte esta visión.
En este mundo de concentración capitalista, toda especialización exportadora conduce a que una multinacional la lidere y se apropie de sus beneficios. En consecuencia, el único futuro que tienen países medios como en nuestro es exactamente el opuesto: diversificación productiva y exportadora, y una muy fuerte atención sobre la sustitución de importaciones, forzando a las multinacionales que trabajan para el mercado argentino a que integren su cadena de valor con proveedores nacionales.
¿Cree que quedaron atrás las teorías sobre la autarquía del país?
Es paradójico, pero la Argentina tiene un grado de autarquía bastante importante en relación a sus insumos básicos: produce su acero, sus materias primas agropecuarias, toda la petroquímica, buena parte de la celulosa y el papel… Lo que ha demostrado la historia es que esto ha sido insuficiente para generar un tejido industrial integrado. La Argentina exporta enorme cantidad de aluminio en bruto e importa aluminio manufacturado casi para cualquier cosa. Esa cadena hacia delante, al no estar integrada, nos convierte en un proveedor de commodities, en un caso mineros, en otro caso agropecuarios.
¿Cuál es su lectura frente al fenómeno del avance de la soja? ¿Existen modelos alternativos de desarrollo?
El fenómeno de la soja está asociado al paquete Monsanto que facilitó la siembra y cosecha de grandes superficies en muy poco tiempo. Lo que ha hecho la siembra directa es evitar mano de obra. Por otro lado, el desarrollo del maíz resistente a los herbicidas totales ha hecho que, en los últimos años, el maíz haya crecido en superficie mucho más que la soja. En realidad vamos hacia un modelo sojero-maicero, donde grandes inversores cierran acuerdos con grandes contratistas y dejan fuera del trabajo al productor de la tierra que lo arrienda, al arrendatario pequeño del campo que no tiene plata para competir con el gran productor y al contratista de pueblo que no puede competir con la gran maquinaria que migra a lo largo de la Argentina produciendo. Lo que este “modelo Monsanto” consigue no es tanto que nos concentremos en la soja sino que despoblemos los pueblos pequeños de la Argentina.
¿Cómo puede regularse esta tendencia?
Tiempo atrás tuve la oportunidad de conversar con Eduardo Buzzi y me sorprendió porque, si bien ha sido un personaje equívoco, rememoró la legislación del primer gobierno peronista sobre la tierra, y esa legislación, actualizada, resuelve el problema. Aquella legislación decía que, en caso de venderse una propiedad, la prioridad la tenía el arrendatario, y otras cosas que lleva a priorizar a los que viven cerca de ese lugar.
Asume, entonces, que la ley de tierras aprobada en el Congreso es insuficiente.
Para que sea eficaz, esta ley de freno a la extranjerización tiene que ser acompañada de forma inmediata por una ley de uso del suelo que regule el uso de la tierra dando prioridad a los que viven en el lugar, estableciendo las rotaciones necesarias para que grandes capitales financieros no hagan soja sobre soja eternamente y degraden la pampa húmeda como ya ha sucedido en zonas importantes del sur de Córdoba y de Santa Fe.
¿Qué opinión tiene de las retenciones como instrumento de política económica?
Las retenciones son una política macro adecuada. Está claro que son justas, que permiten apropiarse de manera colectiva –eso es el Estado– de una super-renta de nuestra producción primaria. Pero también está claro que no son suficientes para generar valor agregado, incluso generan algunos efectos inadecuados, como que crezcan algunas empresas orientadas a la exportación que, luego de ese superbeneficio, se desnacionalizan. La principal productora de azúcar de maíz se vendió hace dos años a Cargill, las empresas productoras de pollos están siendo seducidas por capitales brasileños.
Un denominador común en esta discusión es el rol de la burguesía industrial.
En esto somos algo fundamentalistas: mientras se siga sosteniendo que el lucro es el fin esencial de una actividad, es muy difícil que la economía no se concentre y que el pez grande se coma al más chico. Hay que instalar desde la política el concepto de que el lucro es una retribución por la prestación de un servicio. Una empresa que no presta un servicio adecuado no debe ganar, y la que si lo hace debe ganar en retribución de eso. Si se puede poner la satisfacción de las necesidades comunitarias por encima del lucro comienza a diseñarse un nuevo perfil empresario, donde las cooperativas tienen importancia, las empresas público-privadas con intervención de los municipios tienen importancia, donde los emprendedores actuales también tienen importancia pero detrás de otro objetivo: no es el mejor el que gana más plata sino el que mejor servicio brinda. Esto es lo que venimos discutiendo en numerosos foros hace mucho tiempo, con modestísimos resultados (sonríe).
¿Cuál es su visión sobre la relación entre el Estado y el mercado en la Argentina?
La relación no se ha modificado sustancialmente. El Estado está más presente en regulaciones, pero tienden a ser negociaciones. La manera de modificar esto es con leyes sabias que permitan el crecimiento de los que hoy no están en el mercado. Si negocio con el líder de un sector, lo que hago es convalidarlo como líder.
Hay muchos sectores en la Argentina, como la producción de acero o aceite, donde una o dos empresas monopolizan el mercado. ¿Cómo se entra allí?
Auspiciando la aparición de productores pequeños. El caso del papel es típico. Si se sigue pensando que Papel Prensa es la única proveedora de papel para diarios y no se les presta atención a iniciativas existentes de cooperativas para hacer pequeñas plantas, la economía nunca se desconcentra y se termina negociando siempre con Clarín y La Nación. Es un error conceptual serio. Discutir el precio de la leche con Sancor y La Serenísima en lugar de auspiciar la aparición de industrias lecheras en la periferia de la pampa húmeda son dos políticas distintas. Una democratiza la economía, la otra convalida una situación artificial donde cuatro empresas abastecen toda la leche del país sin que eso sea necesario.
¿Cómo fue su salida del INTI?
Mi salida del instituto fue preanunciada. Le dije a la ministra de Industria (N. de la R. Débora Giorgi) que pretendía jubilarme a fines de 2011 y convalidar todo lo hecho durante el período anterior para volcarlo como éxito político al ministerio de Industria con un esquema de transición ordenado para nombrar a mis sucesores. Le ofrecí al Secretario General de la Presidencia exactamente lo mismo. Lamentablemente nada de eso sucedió. Algo que sí respeto fue que mí lugar, que estaba ocupado por un decreto presidencial, fue reemplazado por otro decreto. Es absolutamente legítimo. Nadie tenía por qué aceptar mi propuesta: lo que sí tengo el derecho de revalidar la política implementada porque no la implementé con otro gobierno sino con Néstor y Cristina Kirchner. Cuando una ministra, al día siguiente de asumir, antes de que su representante comience a actuar, dice que hay que “dejar de trabajar para la economía social y más para la pyme”, lo que está haciendo no es más que una exhibición de ignorancia, porque no conoce el INTI. Y eso tengo derecho a discutirlo como ciudadano común.
La relación con América Latina
¿Cómo aprovecha el INTI los procesos de integración regional?
En Brasil firmamos un convenio de capacitación con Farmanguinhos, el laboratorio oficial del Ministerio de Salud. En Venezuela hemos aprovechado convenios con varios organismos científico-técnicos. Sin embargo, hoy la tecnología no forma parte de un programa específico. Si Cancillería tomara la iniciativa, hoy podríamos estar vendiendo tecnología a buena parte de América Latina y a una parte de África. Pero esos programas no están ni siquiera en papel.
¿Qué otros planes tuvo el INTI en Latinoamérica?
Se avanzó mucho con Paraguay y Uruguay y se han hecho algunas cosas menores con Ecuador y Chile. También se ha hecho mucho trabajo en Centroamérica a través del fondo de ayuda al exterior de Cancillería.
¿Cuál es la importancia política de estos convenios?
Todo lo que la Argentina brinde en materia de tecnología, gratuita u onerosamente, tiene un beneficio. Primero para los proveedores de bienes de capital, que van detrás de la transferencia. Luego un beneficio de política general, porque hay tan poca predisposición mundial a enseñar el “saber cómo” que cualquier país con el que se establezca un convenio de esta naturaleza se convierte en un agradecido político de primera magnitud.
Impuesto tecnológico y producción de medicamentos
Hace unos años se aprobó un “impuesto tecnológico” que fomentó la producción electrónica en Tierra del Fuego. ¿Qué opinión le merece esta política?
Estoy de acuerdo en que haya un esquema de protección a la industria electrónica nacional. El punto es que lo que protegió es una industria de ensamblado. Lamentablemente, cuando se estableció este impuesto a la importación –que no generó un mayor costo a nivel nacional, con lo cual las observaciones de la derecha eran incorrectas–, se perdió la oportunidad de condicionar a los que se instalaran en Tierra del Fuego a que integraran su cadena de valor de una manera más importante que meramente ensamblando los equipos. Hoy en lugar de condicionar, hay que negociar, porque ya están instalados y funcionando: las empresas pueden chantajear al gobierno con irse del país si se las obliga a una mayor integración nacional.
Una de las críticas a este sistema es que genera poca mano de obra.
Bueno, se ha presentado como un éxito que se generaron 12 mil puestos de trabajo. Creo que eso confirma que es muy poca.
¿Qué opina de la Ley Pública de Medicamentos aprobada este año?
Es una ley muy positiva. Hay alrededor de cuarenta laboratorios públicos que vienen pujando por conseguir un ámbito de demanda del Estado. Ahora, el esquema de instrumentación tiene que ser más comprometido, me parece que el Ministerio de Salud no ha tomado el compromiso debido con esa ley porque es necesario armar una red de intercambio de información, control de calidad, mostrarle a los consumidores públicos y privados que ese sistema es un sistema de calidad y costos comparable, sino superior, al sistema privado.
¿En qué estado está el mercado de la salud en la Argentina?
El mercado de medicamentos, en el mundo, es un mercado absolutamente distorsionado. Hay numerosos estudios que indican que su precio aumentó sistemáticamente más que la inflación, y aquí eso también sucede porque las empresas son las mismas. La única forma de contrarrestar esa tendencia es, justamente, una red de producción pública. Es un elemento más que debe pasar de la ley a la acción concreta.
Crédito de las fotos: Roberto Azcárate
