Para algunos referentes del Gobierno, los formatos abiertos llegaron para quedarse. Por qué cuesta implementarlos en la administración pública y cómo podría ser una transición posible.
por Federico Poore
Debate, octubre 2012
A principios de setiembre de 2010, Aníbal Fernández pronunció un discurso que sacudió a la comunidad informática local. “El software libre es política de Estado”, sentenció el entonces jefe de Gabinete, durante un encuentro en la Biblioteca Nacional que compartió junto al programador John “Maddog” Hall, uno de los cerebros de Linux. En aquella ocasión, Fernández reveló que el Estado había comenzado a diseñar políticas públicas de sistemas abiertos para que la administración dejara de pagar “productos enlatados ni pagarle ni un mango a ningún vivo”, en referencia al software propietario.
Casi dos años después, el Ejecutivo envió una señal en sentido opuesto: el jefe operativo de Microsoft, Kevin Turner, fue recibido por la presidenta Cristina F. de Kirchner en la residencia de Olivos, donde anunció un programa para atraer talentos “a la industria argentina del software”. La actividad no pasó inadvertida para la corriente dentro del kirchnerismo que apoya el software libre, que rápidamente le escribió una carta abierta a la mandataria en la que se recordó que este modelo informático “va exactamente en la misma dirección que esas políticas tan valientemente implementadas primero por el compañero Néstor Kirchner y luego por usted” y que su implementación permitiría obtener “la soberanía tecnológica necesaria para encarar este período de desarrollo nacional”.
El Gobierno, rápido de reflejos, reiteró su apoyo al código libre, esta vez por medio de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien días más tarde recibió a los integrantes de la agrupación Software Libre con CFK, autores de la carta. Durante la reunión, la funcionaria dejó abierta la posibilidad de que alguno de sus miembros presentara una ley que reglamentase su uso en el Estado, tal como hicieron otros países de América Latina.
Libertad, libertad, libertad
¿De qué hablamos cuando hablamos de software libre?
Ante todo, de la libertad que tienen los usuarios sobre el servicio que adquirieron. Esto lo diferencia del software propietario, que maneja un código cerrado, sólo conocido por el fabricante.
Con el objetivo de evitar malentendidos, los cultores de este modelo subrayan que la traducción del concepto de free software es “software libre” y no “software gratis”, como podría parecer según una de las acepciones del vocablo en inglés. Para ser considerado libre, un programa o aplicación debe cumplir con cuatro requisitos o “libertades”:
- Libertad de usar el programa con cualquier propósito.
- Libertad de estudiar cómo funciona el programa y de modificarlo.
- Libertad de distribuir copias del programa.
- Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras de los demás.
“Son sistemas mucho más estables, donde se preservan mejor los datos”, dice Jorge Cabezas, coordinador del Proyecto Software Público Internacional en la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. “Cualquier programador local puede tomar ese código, modificarlo, traducirlo. No dependemos de una corporación que todos los años nos pide que paguemos las actualizaciones de sus productos”, opina.
Vladimir di Fiore, jefe de proyecto del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres (Cenital), cree que la principal ventaja de los esquemas libres tiene que ver con la independencia tecnológica. “Si sos implementador de un software privativo, estás atadísimo a esa empresa, dependés de que te vendan los manuales y de que continúen actualizando el soft. En libre podés invertir mucho más porque tenés acceso todo el tiempo a toda la data de esa empresa”, explica di Fiore.
Son ejemplos de software libre el sistema operativo GNU/Linux o programas como LibreOffice, la versión de código abierto del popular suite de oficina. A diferencia de lo que ocurría una década atrás, cuando su principal ventaja eran los temas de costos y de seguridad, hoy aparecen nuevos argumentos a su favor, vinculados a las economías de escala y a la posibilidad de producir nuevas modificaciones o adaptaciones que generen mayor valor agregado.
“La venta de licencias por un año es un modelo que se está agotando, quieren vendernos barras de hielo cuando ya se inventó la heladera”, ilustra Javier Castrillo, secretario general de Software Libre con CFK. “Hoy existe una enorme demanda para soluciones de software libre. Su modelo de negocios es el propio desarrollo y, por supuesto, su implementación”, sostiene.
Por último, alentar este esquema tiene otra particular ventaja, teniendo en cuenta los desafíos económicos en el marco de una fuerte crisis internacional: permite disminuir la transferencia de utilidades al exterior en concepto de pago de licencias.
Anarquía en la administración pública
Hacia 2004, sólo dos puestos de frontera dependientes del Ministerio del Interior utilizaban Linux. El grueso de la administración pública nacional continuaba usando sistemas cerrados, por medio de acuerdos para el uso de licencias con empresas como Oracle o Microsoft.
En los últimos años se avanzó tibiamente hacia el uso de esquemas libres (es libre, por ejemplo, el software que usó el Ministerio del Interior para producir el pasaporte y el nuevo DNI), pero este desarrollo dependió del impulso que le diera el jefe de tecnologías de cada ministerio. “Hoy cada secretaría tiene su propio modelo”, dice Bernardo González, secretario de la Cámara Argentina de Empresas de Software Libre (Cadesol). Según explica, no se trata únicamente de falta de plata o de ganas y existe “todo un tema legal vinculado al manejo de datos”. Por ejemplo, la ley 11.723 de Propiedad Intelectual es un escollo normativo.
Frente a este dilema, la dinámica que encontró el Estado para empezar a usar códigos abiertos sin contradecirse con las leyes vigentes fue la firma de convenios “parte a parte” para compartir piezas de software. Pero son parches parciales, que no resuelven las cuestiones de fondo.
“Creo que estamos bastante atrasados”, opina Leandro Monk, referente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic). “Para que el Estado adopte software libre hacen falta fuertes decisiones políticas, una modificación integral de las normas vigentes y, sobre todo, cambiar la idea de producto por la de servicio”, agrega.
Monk integra la cooperativa Gcoop, que desde febrero de 2007 se especializa en CRM (Customer Relationship Management, la gestión de las relaciones con clientes) y “de a poquito” se anima con el software de gestión, todo bajo desarrollos libres. El integrante de Facttic cree que un apoyo explícito al software libre, comenzando por su uso hacia el interior del Estado podría beneficiar su trabajo y toda la cadena de la llamada “economía solidaria”.
Si bien no existen cifras oficiales sobre la tasa de penetración de estos esquemas en la administración pública, un informe publicado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Córdoba (UNC) destaca que prácticamente todos los repositorios documentales y manejadores de contenidos web del Estado corren bajo software libre. Una dinámica opuesta se observa en los antivirus y en las áreas de planeamiento de recursos, donde predominan las licencias propietarias.
De acuerdo con la investigación, para la cual se consultó a los encargados de informática de más de doscientos organismos públicos, el 42 por ciento de las dependencias de la APN planea migrar su software de escritorio a open source, una cifra que trepa al 48 por ciento para el software de servidores. Otro dato interesante es que el 61 por ciento de los encuestados cree que en su dependencia existen aplicaciones libres que podrían ser compartidas con otros ministerios. Entre ellos hay software de Mesa de Entradas, un sistema de control de accesos con control biométrico y hasta una versión del Boletín Oficial Electrónico. Está claro que queda mucho por hacer.
Posibles soluciones
La secretaría encargada de gestionar estos cambios es la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), dependiente de Jefatura de Gabinete. Su titular desde hace algunos meses, Pedro Janices, es un reconocido impulsor del software libre.
“Hoy existen sitios del Gobierno que obligan a usar un determinado navegador, como Internet Explorer, de Microsoft, o que ponen a disposición del público información con formatos cerrados, sólo compatibles con programas como Word y Excel”, explica uno de los funcionarios que trabaja a su lado en Jefatura de Gabinete. En este marco, agrega, lo primero que podría hacer el Estado es modificar los estándares que maneja la Administración Pública Nacional (APN).
“La clave es trabajar en cuestiones de interoperabilidad y cambiar las normas que ONTI define para la compra de software”, sostiene González. Aunque advierte que hay un paso previo. “Es difícil dejar una tecnología que venís usando hace años. Si pensás que de un día para el otro no vas a usar más Oracle, cerrás las oficinas del Gobierno. Mucha gente en La Plata estaba dando cursos con software de Microsoft. Cuando les preguntamos, nos dicen: ‘ante la falta de recursos, usamos algo que nos donaron’”, cuenta el titular de Cadesol.
Por eso, en paralelo, las organizaciones que alientan el desarrollo de esquemas free trabajaron en un borrador para regular el tipo de software a usar en la APN. “Como la ministra nos pidió acciones concretas, elaboramos un proyecto de ley que redactamos junto a cinco equipos de abogados. En esta primera etapa, vamos por el uso de estándares libres”, revela otro de los miembros de Software Libre con CFK.
Jorge Cabezas insiste en que no es posible, ni recomendable, copiar modelos de otros países, por más exitosos que sean, y que las decisiones en torno al uso o no de determinados formatos o esquemas las tendrá que tomar cada país de acuerdo a sus particularidades. Sin embargo, destaca el ejemplo de Brasil, pionero en el uso de tecnologías libres en el Estado.
“En Brasil existen leyes muy estrictas que obligan a consultar la base de datos de software público antes de efectuar una compra. Lo que hay ahí es un registro de prestadores avalado por el Gobierno”, explica Cabezas, que como coordinador de Software Público Internacional trabaja junto a otros países latinoamericanos en el armado de un repositorio de acceso público con herramientas y soluciones libres.
Dos desarrollos con sabor local
Una de las últimas acciones que el Gobierno tomó a favor del esquema libre fue el desarrollo de un sistema operativo especial para las netbooks del Plan Conectar Igualdad. El sistema, llamado Huayra (palabra guaraní que significa “viento”), es una distribución local de GNU/Linux elaborada con estándares de seguridad y desarrollo propios y que, según calcula el Ejecutivo, estará en todas las máquinas del programa que se entreguen a partir de marzo de 2013.
Javier Castrillo, quien además de integrar una de las agrupaciones que impulsa el tema dirige el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres (Cenital), brinda a esta revista algunos detalles de la interfaz que se verá en los secundarios de todo el país a partir del próximo ciclo lectivo. “Tiene un escritorio adaptado para las escuelas de modalidad especial, un sintonizador de televisión digital, e incorpora herramientas de robótica y programación”, explica.
Por lo pronto, las netbooks de Conectar Igualdad que se están entregando desde agosto arrancan por definición en Linux (antes lo hacían en Windows). Esta movida, sostiene Castrillo, implica desprenderse “de las corporaciones que hoy regalan sus programas, pero que en realidad están formando futuros consumidores de ese software”.
El titular de Cenital anticipa que Huayra será de descarga libre, y que cualquiera podrá bajarlo y usarlo en sus máquinas. La idea es que la plataforma sirva, además, para cualquier dependencia de la APN.
El otro proyecto local tiene que ver con el middleware que se usa en los decodificadores para ampliar las funciones de ciertos dispositivos. Se trata de un software interactivo para la televisión digital llamado Ginga.ar, desarrollado por investigadores del Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (Lifia) de la Universidad Nacional de La Plata.
Este sistema ya está disponible para descarga y es válido para los 1,2 millones de decodificadores distribuidos por el Gobierno. Además, las netbooks de Conectar Igualdad ensambladas a partir de 2013 también tendrán Ginga incorporado. “Estas máquinas podrán hacer un uso mucho más intensivo de lo que llegue por la señal de TV”, explica a esta revista Gabriel Baum, investigador de Lifia que trabajó junto a la Universidad Católica de Río de Janeiro en la adaptación local.
Esta capa de software permite, al menos de manera potencial, una mayor interactividad entre el aparato y el televidente. “Por ejemplo, una modalidad nunca publicitada del Fútbol Para Todos permite obtener información de cómo van los demás partidos de la fecha apretando un botón del control remoto”, revela Baum, quien admite que esta faceta interactiva está aún en estado embrionario.
En el futuro, muchos modelos podrían montarse sobre esta plataforma. El investigador ensaya ideas: “Si fuera una empresa, me asociaría con productoras, canales de televisión o empresas de entretenimiento para generar videojuegos o tener un mercado de servicios accesibles desde el televisor”.
Un cambio de paradigma
Baum cree que migrar la estructura informática del Estado puede llevar varios años, pero que este proceso podría acelerarse si recibe un impulso más sistemático desde ciertos sectores, por ejemplo, las universidades. “Hay ahí una mirada más bien laxa, con el viejo debate en torno a la ‘ciencia pura’. Deberían desarrollar tecnologías libres”, reclama.
Con respecto a las responsabilidades desde el área de gobierno, Bernardo González sostiene que aquellos que toman decisiones informáticas “están empezando a buscar que estos desarrollos sean propios, y si los tienen que comprar, que sean abiertos”, lo cual supone un buen primer paso. Faltará que se discuta el famoso anteproyecto de ley para ver si finalmente la Argentina se logra poner a tono con la mejor legislación informática de la región.
